La exclusión social, sus condicionantes y dinámica correctora
“Cuántos caminos debe de recorrer un hombre antes de que lo llamen un hombre…? Cuántos años debe alguna gente vivir antes de que se les permita ser libres…? Cuántas veces puede un hombre volver su cabeza y fingir que simplemente no ve?” (“La respuesta está en el viento” Bob Dylan)
El Observatorio de Exclusión e y los Procesos de Inclusión En la Comunidad de Madrid (OEISM), promovido desde Asociación Madrileña de Entidades y Empresas de Inserción (AMEI), ha publicado un estudio sobre los mecanismos provocadores de exclusión e inclusión social en Madrid en el que han trabajado 14 organizaciones especializadas en este tipo de problemas sociales. La importancia de este trabajo se ha de valorar desde varios aspectos, que constituyen su originalidad. Lo que promueve al Observatorio “como un espacio de análisis y reflexión en torno al fenómeno de la exclusión y los procesos de inclusión social, en el cual confluyen fundamentalmente profesionales que intervienen con distintos perfiles sociales pero con problemáticas comunes”.
Suele ocurrir que percibimos la realidad desde el “lado visible”, coincidiendo éste con el más cercano a los valores que dominan la cultura que nos rodea. Así, se analiza el crecimiento económico desde el desarrollo del PIB, y el empleo desde su crecimiento (o decrecimiento), o las políticas educativas desde sus resultados finales medidos en estadísticas de estudios terminados, siendo el fracaso escolar una desviación no deseada de esas mismas políticas. Desde esta óptica, siempre se vieron a las empresas de inserción como una especie de “mal” que había que aceptar, a pesar de su descalificación como competencia desleal (por quienes controlaban lo hilos de la empresa tradicional) o como anomalías que había que controlar por sus posibles “abusos” en supuestas desviaciones de los mecanismos de contratación establecidos. Estas valoraciones las solían hacer quienes absorbían (y absorben) las relaciones de diálogo con los Poderes Públicos (patronal y sindicatos) y, en consecuencia, esos mismos Poderes Públicos admitían criterios coherentes con la “paz social” que deseaban conseguir con esos interlocutores. Ello podría explicar, de manera sintética (todo es más complejo en la realidad) por qué estas empresas han estado tanto tiempo no reguladas (tan solo al final de la anterior legislatura se aprueba una ley que las identifica jurídicamente), así como las plurales y, a veces, contundentes presiones para que esa ley fuera más constrictiva que expansiva de la realidad de este tipo de empresas.
Pero la realidad es más compleja y esta forma de acercarnos a ella tiene riesgos de sesgos importantes. Por ejemplo, el PIB no asegura, tal y como se mide, que el crecimiento en economía sea crecimiento en equidad social, como acercarse al problema del empleo de la forma descrita conlleva el riesgo de olvidar a quienes se convirtieron en inempleables simplemente porque el mercado les expulsó o nacieron ya con el estigma de la exclusión (discapacitados, por ejemplo). No son aspectos marginales, a pesar de que en las estadísticas aparezcan (cuando aparecen) alejados de los números más grandes del problema. El hecho es que hay personas, bastantes, que no son atendidas ni percibidas cuando se habla de los problemas visibles. Son grupos de personas invisibles. Como lo son sus problemas. Como lo son las soluciones inventadas para abordar esos problemas. Las empresas de inserción deben a este razonamiento gran parte de su invisibilidad. Y de su incomprensión.
Ello conduce a nuevas sospechas sobre la oportunidad de las políticas públicas. Por ejemplo, hace comprender por qué la cohesión social no entra como eje nuclear en los debates sobre el desarrollo y crecimiento económico. La Estrategia de Lisboa, elaborada por todos los Presidentes de la Unión Europea, pedía crecer en economía y en cohesión social. Y ponía el año 2010 como objetivo para que Europa se constituya en líder mundial en estos aspectos. Pero, desde entonces (año 2000), se han oído muchos ideas sobre el crecimiento económico y casi ninguna sobre la construcción de la cohesión social. Entrando ésta en esa línea de “asuntos sociales” normalmente apreciable cuando las cosas van bien y olvidada cuando van mal. Sabiendo que ir bien es que se crece en PIB (no en equidad social) y que quienes ganaban dinero ganan más (de qué está sirviendo tanta crítica a la codicia que ha generado la crisis actual? Acaso es verdad que se está reconstruyendo el sistema financiero para que esa codicia no vuelva a la locura de los mercados?). La cohesión social no entra a formar parte de las ideas eje que han de orientar las políticas públicas en cualquier situación, también cuando las cosas no van bien.
Por tanto, existen empresas de inserción porque existe exclusión social. Y porque ésta no se trata en las mesas donde se “pactan” las políticas públicas. Existen empresas de inserción porque el mercado laboral ha demostrado fracasos importantes para abordar las diversas inquietudes sociales, fracaso que le incapacitan para convertirse en el único valedor de la acción económica y de la generación de empleo. Al mercado laboral hay que regularle, no para darle más libertad de acción sino para que absorba los “desechos” que él mismo provoca. Hablamos, pues de un fracaso. Y de este fracaso surgen iniciativas solidarias para insertar laboralmente a las personas que el mercado ya no quiere mirar a la cara. Y cuando surgen proyectos que insertan a estas personas éstos se intentan descalificar con la acusación de ser competencia desleal por acogerse a determinadas ayudadas de dinero público. Y eso suena mucha más esperpéntico en estos momentos de ayudas en cantidades insospechadas al sistema financiero.
Éste es uno de los aciertos del estudio del OEISM. Asocia la exclusión con la ciudadanía. Reforzando la idea de que ser ciudadano es serlo con todos los derechos integrados. Pero la exclusión desintegra comportamientos necesarios para la asunción de esos derechos. La exclusión es antidemocrática, simplemente porque es un disolvente ciudadano. Por ello el estudio constata “la desmovilización y desorganización general, la falta de solidaridad y la indiferencia del conjunto de la población hacia las personas que están en situación de exclusión”.
Se platea la exclusión como un concepto “complejo, multidimensional y dinámico… Como concepto dinámico incorpora la idea de proceso variable y cambiante (no una situación estática e inmutable) y como concepto multifactorial la interacción de diversas cusas o variables de tipo social, psicológica, cultural, económica, político-legal, etc”. Este es otro acierto del estudio. No se es excluido, se crece en le exclusión de forma que hoy será peor que ayer y mañana peor que hoy. Y se crece en aspectos determinantes de la calidad de vida, que implican deterioros económicos, culturales, de vivienda, de comportamientos, relacionales… Lo que exige contemplar este hecho en todas las políticas públicas.
No puede entenderse, tampoco, como una cualidad que afecta a un determinado grupo de personas. “El concepto de Exclusión se refiere a una situación de «estar fuera o dejar fuera» (proceso de autoexclusión/exclusión), que afecta a determinadas personas y grupos sociales. No obstante, instalados en la «sociedad del riesgo», todos somos en la actualidad «vulnerables» y podemos, en determinados momentos vitales y por diferentes causas, caer en esa situación.” Este aspecto multidimensional y dinámico es un apoyo para que la cohesión social sea tenida en cuenta como eje constructor de la equidad social. La crisis actual ya ha demostrado los riesgos de “olvidar” variables sustantivas para las personas en la responsabilidad de los Gobiernos. En el fondo subyace una pregunta rotunda: quien gestiona la cohesión social?
Si lo “normal” es, según la Unión Europea, lo que es «aceptable y digno en la sociedad de referencia» parece unido “al contexto socioeconómico y cultural vigente, al tiempo histórico y al lugar de residencia”. Pero como también esas condiciones de referencia son dinámicas, ya que cambian las condiciones de un país, su nivel de vida, y con ello, las consideraciones de lo que es «necesario-innecesario», «aceptable-inaceptable», «digno indigno», etc la exclusión refuerza su aspecto dinámico y amenazador de quienes en determinadas circunstancias, y por las razones que sean, “pierden el tren” de los acontecimientos que les tocó vivir. Construir cohesión social se convierte en una fuerza de contención ante riesgos amenazadores de exclusión, especialmente a las personas más cercanas al deterioro económico y de comportamientos. “En todo caso, la exclusión es un proceso en el que la persona, de forma progresiva, va siendo menos capaz de acceder a determinados recursos básicos (económicos, sociales, educativos, etc.) y se va desvinculando del entorno social. Este proceso, aunque reversible, puede llevar al individuo a un punto crítico de no fácil retorno, fundamentalmente por esa pérdida de vínculos con el conjunto de la sociedad (ausencia y/o ruptura de redes sociales de apoyo)”.
Un nuevo acierto del estudio es asociar exclusión con ciudadanía o, lo que es lo mismo, con democracia. “Se parte del siguiente concepto de exclusión: la no satisfacción de las necesidades humanas y el incumplimiento de los derechos humanos básicos, políticos y sociales, que son en último término la garantía de acceso y ejercicio de la Ciudadanía Plena”…”El concepto de Ciudadanía, en su definición formal, se refiere al «derecho a la integración en la sociedad y el deber de ésta de integrar a los excluidos»; Jordi Borja señala que «la ciudadanía es para la gente lo que la democracia es para la organización política: no es posible separar progreso democrático de desarrollo de la ciudadanía»… De acuerdo con Martínez de Pisón, «el Estado debe intervenir y responsabilizarse de la situación material de los ciudadanos y, en su caso, debe procurar la satisfacción de sus necesidades. A diferencia de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales crean obligaciones positivas, en la medida en que son sólo realizables a través de la acción social del Estado». Camps I Cervera piensa que «mientras no podamos garantizar a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos sociales básicos y en especial el derecho al trabajo, debemos asumir y reconocer que tenemos un déficit democrático preocupante e incoherente».Las propuestas de varios autores plantean pues la necesidad de un Nuevo Pacto Social (Luís Enrique Alonso), la construcción de un Nuevo Concepto de Ciudadanía (Jordi Borja) y una vuelta a la Acción Política (Amartya Sen), que limiten la primacía absoluta del Libre Mercado, la desregulación de las relaciones laborales y la «mercantilización» de unas relaciones humanas y sociales básicamente injustas”. Se está demandando un nuevo modelo de sociedad, una democracia activa, en la que todas las personas que la integran tengan su espacio, donde la solidaridad no deje espacios a la codicia perturbadora de la equidad social. Lo que se ha de apoyar en políticos que sepan escuchar y captar el sentir de los ciudadanos, donde la palabra ciudadanía sea algo más que el recurso verbal de un discurso político.
Se demanda un modelo social que refuerce el capital social, porque el estudio observa que “las redes sociales constituyen el principal sistema de apoyo natural de las personas al que se acude en primer lugar en caso de necesidad o dificultad, mientras que los servicios y programas institucionales, tanto públicos como privados, constituyen el sistema de ayuda formal, complementario o especializado en relación con el sistema informal”. Donde se den condiciones objetivas para que quien desee participar en la “res pública” lo pueda hacer, de forma que no se repita la expresión sacada de uno de los grupos de trabajo del estudio «No nos sentimos parte de una sociedad, ni nos sentimos responsables, vamos cada uno a lo nuestro». El estudio observa que “una barrera importante en la defensa de los derechos es la falta de participación y organización colectiva, cuestión que consideran en general muy importante para la resolución de los problemas colectivos”. Lo que comporta de forma incuestionable un nuevo perfil del diálogo entre la sociedad y los Poderes Públicos, más amplio e integrador que el actual llamado dialogo social, que no sea absorbido ni sesgado por la prevalencia de unos intereses específicos.
Habría muchos más aspectos a valorar, pero merece ser tenido en cuenta uno de forma especial. Hasta ahora este tipo de estudios, cuando se hacían, surgían de unos investigadores sociales (normalmente profesores de universidad, lo que era positivo por acercar la academia a esta realidad) y promovidos por entidades o asociaciones especializadas en este tipo de problemas. En este caso se ha trabajado desde diversos barrios de Madrid (9 barrios, donde está incluido algún municipio industrial del cinturón) con las mismas personas que sufren mecanismos de exclusión, mediante “talleres de ciudadanía realizados con personas que acuden a recursos de iniciativa social. Se han realizado nueve talleres en los que han participado un total 113 personas”. Se ha escuchado “lo que dicen «los pobres» y los «excluidos» sobre su propia situación”… “El objetivo último es el de crear un espacio real, estable y permanente de participación en el que los sujetos observados (las personas en situación de exclusión) pasen a ser sujetos observadores y analizadores críticos de su propia situación y del contexto. Para llegar a esto consideramos necesario iniciar un proceso que fuera encaminando hacia ello. Metodológicamente, Los primeros Talleres de Ciudadanía se plantearon como una reunión grupal con personas beneficiarias de los programas de empleo gestionadas por las entidades que participan en el Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid (OEISM). En ellos se ha trabajado fundamentalmente sobre lo que significa ser ciudadano, el conocimiento de los derechos por parte de los sujetos en situación de exclusión, las barreras de acceso y ejercicio de los mismos y las formas de superarlas”.
Enhorabuena por el estudio y por los aciertos contenidos. Felicidades a quienes han dedicado empeño, esfuerzo y horas, además de ilusión. Pero surge una pregunta: dónde está el gestor de las políticas y de los fondos públicos…. el que puede tomar decisiones para crear estructuras de apoyo, para potenciar profesionales que faciliten la inclusión socio-laboral, para integrar esta necesidad social en los programas educativos que desarrollen sensibilidad y habilidades sociales… para desarrollar políticas publicas oportunas y necesarias? Aunque, dadas las cosas como están y asumiendo la debilidad democrática que comporta esta situación, quizá sea bueno que, al menos, lo escucharan y leyeran con atención. Quizá eso signifique un esperanzador comienzo.
Marcos de Castro Sanz
Documentos Adjuntos
